El principio de legalidad es una de las consagraciones del Estado de Derecho, y supone no sólo la sumisión de la actuación administrativa a las normas emanadas del poder legislativo, sino también el respeto a la jerarquía de las normas establecidas y la imposibilidad jurídica de que un acto administrativo vulnere una disposición general.

Sin embargo, es importante tener presente que el principio de legalidad en materia impositiva tiene una mayor o menor rigidez en los distintos sistemas impositivos.

En Latinoamérica existe una reserva legal amplia, cuando es la Ley, la que únicamente define cuales son los supuestos y los elementos de la relación jurídica tributaria, es decir, es la Ley la que debe definir los hechos imponibles en su acepción objetiva y también en su esfera subjetiva. Es decir, la Ley debe establecer cual es el hecho imponible, su base, la tasa y el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria.

En cambio en el sistema español, se observa un sistema de reserva legal restringida, donde la Ley sólo regula los aspectos fundamentales de la relación jurídica tributaria, encargándose al ejecutivo la integración y el desarrollo de los restantes elementos, mediante delegaciones estrictamente delimitadas, lo cual se observa en su Constitución que, en su artículo 9.3,  garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, disponiendo expresamente en su artículo 31.3 que “sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”.