Este 6 de marzo de 2012 el Presidente de la República, Sebastián Piñera promulgó una serie de modificaciones a la ley 20.241 que busca incentivar la inversión de empresas chilenas en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). El primer mandatario, acompañado por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y Economía, Pablo Longueira, destacó que esta nueva ley "es una asociación entre la sociedad y el emprendedor. La sociedad representada por el Estado y el innovador representado por todos aquellos que tienen en el alma esa fuerza y voluntad para cambiar la forma en que hemos hecho las cosas".

El objetivo de esta ley es contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas al establecer un incentivo... siga leyendo en Emisor Digital

 El Departamento de Defensa de Estados Unidos está exigiendo que los administradores de WikiLeaks devuelvan los documentos militares robados en su posesión, incluyendo 15,000 documentos que dicho sitio web no ha publicado todavía. Asi lo dió a conocer la secretaría de prensa del Pentágono, a cargo de Geoff Morrell.  Dicha repartición del gobierno federal norteamericano quiere además que de las computadoras y archivos de WikiLeaks se eliminen todas las versiones de documentos que contienen información clasificada y sensible.

Morrel asegura que por esta vía considerada altamente peligrosa para la seguridad nacional de EE.UU. se publicaron entre enero del 2004 a diciembre del 2009 documentos clasificados que detallan por ejemplo informes del campo de batalla en... siga leyendo en Musicaynoticias.cl

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el miércoles 17 de febrero una nueva  política, estableciendo el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. Esta disposición facilitará un mejor acceso a las comunidades para expresar sus preocupaciones y supervisar al mismo tiempo la ejecución de aquellos proyectos que han sido financiados por el Banco en sus respectivos países. La nueva política es parte de los actuales esfuerzos del BID para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de sus acciones.

El nuevo mecanismo, también conocido como

Este examen, que abordará las áreas de finanzas, contabilidad y legislación concursal, fue implantado por la Ley 20.004 del año 2005, en el marco de diversas reformas al régimen jurídico del sistema de quiebras mediante las cuales el legislador pretendió incorporar altos estándares de transparencia, eficacia y calidad en el desempeño de estos profesionales.

Respecto de esto último, cobra relevancia para quienes intervienen como operadores o afectados en una quiebra el hecho de que quien desempeñe las tareas de liquidación de bienes y pago de créditos sea una profesional altamente calificado, competente y conciente, en todo momento, de la alta connotación de fe pública que conlleva su labor.

Un estudio reciente sobre “Percepción sobre el sistema de Quiebras”, muestra que las personas y organizaciones que se vinculan o son afectados por una quiebra, tienden a visualizarla como un proceso “engorroso” y en ocasiones, especialmente en el caso de los trabajadores de la empresa fallida, como “irregular y poco transparente”. Lo anterior, lleva aparejada una percepción de indefensión y de incertidumbre respecto de cómo y cuándo concluye todo.

Por ello, que el sistema hoy tienda a la mayor calidad de sus operadores principales, como lo son los síndicos, en cuanto a sus conocimientos técnicos y académicos, constituye un claro camino que, no obstante, hay que seguir desarrollando y profundizando.

Del mismo modo, la Superintendencia de Quiebras como ente supervisor de la labor de los síndicos y administradores de la continuidad del giro, ha iniciado durante este año, y en consonancia con los planteamientos del Ministro de Justicia tendientes a mejorar la gestión pública del sector, un proceso interno con el propósito de implantar sistemas de calidad validados por normas internacionales en sus propios procesos de trabajo vinculados a su negocio institucional.

La insolvencia de las empresas, es decir la incapacidad de responder a sus obligaciones con sus diversos acreedores y, eventualmente su posterior quiebra, no es una situación exclusiva de periodos económicos de crisis o desaceleración. Es más, las quiebras también acontecen en épocas de expansión económica. Si durante el año 2008, periodo en el cual se “declaró” la crisis económica internacional y Chile creció a una tasa de 3,2% se registraron 150 quiebras, durante el año 1996, con una expansión económica anual en torno al 7%, igualmente 70 empresas cayeron en quiebra.

Por otro lado, se suele percibir la institución de la quiebra como algo malo o con lo que no nos gustaría encontrarnos. Cierto. A nadie le gusta fracasar ni en los negocios ni en la vida, pero los fracasos forman parte del ciclo económico de una empresa. Además, desde la perspectiva de los acreedores del negocio fallido y, también, desde la posición del interés social con relación a los recursos productivos ociosos, los emprendimientos que no son viables deben ir a la quiebra para que los créditos se paguen, de acuerdo con las preferencias legales y los recursos financieros disponibles. Del mismo, para que en el proceso de liquidación, los bienes dejados por el fallido se reasignen a través del mercado a quienes los requieren para fortalecer o iniciar otro emprendimiento.

También se suele creer socialmente, que quien ha quebrado “preparó” su quiebra.

Hay evidencia procesal penal que da cuenta de innumerables casos, que culminaron con sentencias condenatorias de quiebras fraudulentas o culpables. Es bueno que la persecución penal pretenda la sanción de quienes, ocupando la institucionalidad comercial, se sirven de ella para defraudar a sus acreedores, entre los cuales pueden estar los trabajadores, el Fisco, las instituciones financieras, otras empresas, etc. Pero nuevamente la evidencia nos dirá que estos casos son los menos.