El principio de legalidad es una de las consagraciones del Estado de Derecho, y supone no sólo la sumisión de la actuación administrativa a las normas emanadas del poder legislativo, sino también el respeto a la jerarquía de las normas establecidas y la imposibilidad jurídica de que un acto administrativo vulnere una disposición general.
Sin embargo, es importante tener presente que el principio de legalidad en materia impositiva tiene una mayor o menor rigidez en los distintos sistemas impositivos.
En Latinoamérica existe una reserva legal amplia, cuando es
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